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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 17 y 116 fracción V, reformados el 17 de marzo de 1987, consagra: en el primer precepto citado, el derecho de los mexicanos a contar con tribunales que estén expeditos para impartir justicia de manera completa, gratuita e imparcial, en los plazos y términos que fijen las leyes; y la obligación de las legislaturas locales, de emitir leyes que fijen los medios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. El segundo precepto, en la fracción citada, señala que las constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

El artículo 64 fracción XLIII-Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece a su vez que el Congreso del Estado tendrá facultades para instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública y los particulares, estableciendo las normas para su organización, funcionamiento, procedimiento y los requisitos que deben reunir el o los Magistrados.

Adelantándose 10 años a las reformas constitucionales de 1987, el Congreso del Estado de Sonora, instituyó a este Tribunal como un órgano de control de la legalidad dentro del marco del Poder Ejecutivo, autónomo e independiente de cualquiera otra autoridad, con la función fundamental de resolver las controversias del orden administrativo y fiscal que planteen los particulares y la administración pública directa del Estado y de los Municipios, y sus respectivos organismos públicos descentralizados.

Además, la Ley del Servicio Civil de 27 de agosto de 1977, le otorgó competencia para conocer de los conflictos laborales de la burocracia y del registro de sus sindicatos.

Normatividad Estatal:

La normatividad que regula la organización y funcionamiento, del Tribunal, así como los actos de las entidades sujetas a su control, son entre otras, las siguientes:

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
  • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora
  • Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito.
  • Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
  • Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
  • Ley del Servicio Civil
  • Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
  • Código Fiscal
  • Ley de Hacienda
  • Ley de Hacienda Municipal
  • Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
  • Ley del Notariado
  • Ley General de Bienes del Estado
  • Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal
  • Ley de Desarrollo Urbano
  • Ley de Planeación Ley de Gobierno y Administración Municipal
  • Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
  • Ley de Tránsito
  • Ley de Salud
  • Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente para el Estado
  • Ley de Educación para el Estado
  • Ley de Agua Potable y Alcantarillado
  • Ley de Seguridad Pública para el Estado


Base Legal Supletoria:

  • Código de Procedimientos Civiles para el Estado
  • Código de Procedimientos Penales
  • Ley Federal del Trabajo



Informes
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Blvd. Jesús García Morales No. 114 entre Ingenieros y Calzada de los Ángeles. Col. El Llano. Hermosillo, Sonora.