La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 17 y 116 fracción V, reformados el 17 de marzo de 1987, consagra: en el primer precepto citado, el derecho de los mexicanos a contar con tribunales que estén expeditos para impartir justicia de manera completa, gratuita e imparcial, en los plazos y términos que fijen las leyes; y la obligación de las legislaturas locales, de emitir leyes que fijen los medios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. El segundo precepto, en la fracción citada, señala que las constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

El artículo 64 fracción XLIII-Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece a su vez que el Congreso del Estado tendrá facultades para instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública y los particulares, estableciendo las normas para su organización, funcionamiento, procedimiento y los requisitos que deben reunir el o los Magistrados.

Adelantándose 10 años a las reformas constitucionales de 1987, el Congreso del Estado de Sonora, instituyó a este Tribunal como un órgano de control de la legalidad dentro del marco del Poder Ejecutivo, autónomo e independiente de cualquiera otra autoridad, con la función fundamental de resolver las controversias del orden administrativo y fiscal que planteen los particulares y la administración pública directa del Estado y de los Municipios, y sus respectivos organismos públicos descentralizados.

Además, la Ley del Servicio Civil de 27 de agosto de 1977, le otorgó competencia para conocer de los conflictos laborales de la burocracia y del registro de sus sindicatos.

Normatividad Estatal:

La normatividad que regula la organización y funcionamiento, del Tribunal, así como los actos de las entidades sujetas a su control, son entre otras, las siguientes:

Base Legal Supletoria: